España es el país de la Unión Europea con más fraude alimentario en sus productos de origen, según la organización no gubernamental EIT Food. Calculan en 30.000 a 40.000 millones de euros de pérdidas anuales en la industria agroalimentaria europea por este tipo de delito acelerado por la inflación con productos adulterados o de procedencia dudosa y potencialmente peligrosos para los consumidores.

Productos lácteos, aceite para cocinar y alcohol son junto con los suplementos de vitaminas y especies los productos más incautados en operaciones antifraude en el sector alimentario europeo. Completan la lista otras grasas, pescado, carne, frutas, verduras y aves de corral con el mayor número de casos reportados a las autoridades competentes de sospecha de falsificación o adulteración.

El comercio ilegal se expande

Los casos de fraude alimentario van a más en la Unión Europea, se dispararon un 85 por ciento entre 2016 y 2019 y los expertos consultados por COPE consideran que se han acelerado aún más tras la pandemia por el aumento del comercio online y azuzado también por la inflación que empuja a los consumidores a tratar de encontrar precios lo más ajustados posibles.

Solo en el mercado del vino y de las bebidas alcohólicas en España, las falsificaciones tienen un coste anual para el sector de más de 400 millones de euros, algo más del 8 por ciento de las ventas del sector según los datos publicados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

España a la cabeza en fraude alimentario que es la punta del iceberg

Nuestro país encabeza el ranking de países con mayor fraude alimentario seguido de Italia, Holanda, Grecia y Polonia. Algunas estimaciones sitúan las pérdidas en la industria alimentaria por este comercio fraudulento en hasta 40.000 millones anuales.

“El fraude es muy difícil de rastrear y de trazar porque es la punta del iceberg y por debajo hay muchísimas prácticas que son bastante más indetectables. Todo producto que empieza a adquirir una relevancia ya sea por calidad, por precio o porque se considera un producto más de lujo es susceptible de ser elegido por los falsificadores porque, a igual coste de manipulación para ellos, aumenta el potencial beneficio que pueden obtener de ese comercio ilegal”, subraya Martin Sarobe, experto en trazabilidad y monitorización de productos.

A pesar de ello, los férreos controles vigentes en la Unión Europea limitan mucho los riesgos para la salud de los consumidores. Según admite Sarobe: “es muy difícil que pueda haber un problema como se dio en España en los años 80 con el aceite de colza. Hoy en día esto es muy muy improbable”. Fue la mayor intoxicación alimentaria de España. Una tragedia en la que al menos 5.000 personas murieron y al menos 20.000 quedaron con secuelas de por vida tras consumir un aceite industrial que se vendía como apto para el consumo humano y del que el Estado fue considerado responsable civil subsidiario en 1997.