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El Observatorio de la Cadena Alimentaria constata que el gasto en alimentación crece por debajo de la inflación
El pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria ha constatado hoy, en su vigésima reunión, que el incremento del gasto en alimentación hasta el mes de agosto es inferior a la tasa de inflación, debido a la estabilización de los precios producida sobre todo en los meses de verano.
El pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el que están representados la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y todos los eslabones de la cadena alimentaria y que ha presidido la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha analizado la evolución de los precios, los hábitos de consumo y las iniciativas regulatorias del sector agroalimentario.
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ha presentado un análisis exhaustivo del consumo de alimentos hasta agosto de 2024 en el que, además de constatar que el gasto en alimentos evoluciona por debajo del índice de inflación, refleja que el consumo en el hogar ha crecido ligeramente menos que el realizado fuera de él. Así, el estudio subraya una estabilización en el alza de precios, con semanas de reducción de los índices medio durante el verano, especialmente en julio y agosto, donde se registraron variaciones del 1,4 % y -0,1 %, respectivamente.
Los precios de productos básicos como la leche, los huevos, el pan fresco, las legumbres y el arroz en segundo trimestre del año fueron más bajos que en el mismo periodo de 2023. Destacan los descensos en productos frescos, especialmente hortalizas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha presentado un informe sobre la evolución de los precios al consumo hasta octubre, mes en el que la inflación se situó en el 1,8 %, tres décimas más que en septiembre, debido principalmente al incremento de los carburantes y, en menor medida, de la electricidad y el gas. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y productos energéticos, aumentó una décima y se situó en el 2,5 %.
REFORMA DEL REGLAMENTO DE TRTANSPARENCIA
Entre las novedades regulatorias en el sector, el ministerio ha anunciado una modificación del Reglamento 2017/1185 para mejorar la calidad y la eficiencia en la recolección de datos. Entre otros cambios, las notificaciones de los precios minoristas pasarán de ser semanales a mensuales y se actualizarán los reportes de precios y producción en sectores específicos como el vino, las frutas y las hortalizas.
El ministerio ha informado también sobre la puesta en marcha del Observatorio Europeo de Costes y Márgenes, recientemente constituido por la Comisión Europea como una de las medidas de respuesta para mejorar la situación de agricultores y ganaderos, y del que España es parte activa. Este órgano, que ya ha celebrado dos reuniones, se centra en el análisis de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales en seis áreas clave. Además, ha revisado metodologías de cálculo de costes y márgenes de referencia en países como Alemania y Francia y ha analizado también el impacto y la recuperación tras el pico inflacionario generado por la invasión rusa de Ucrania.
En el pleno de hoy se ha presentado la nueva configuración de la página web del observatorio, diseñada para ofrecer un acceso más directo a los datos y documentos relevantes. La web contará con tres apartados: información básica, contenidos abordados en los plenos y memorias anuales, y estudios específicos e índices de precios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Durante la sesión, se ha destacado la relevancia del observatorio como un foro esencial para el diálogo y la transparencia, promoviendo un análisis detallado de la situación del mercado y el intercambio de información entre agentes clave.
La escalada de precios en la alimentación toca a su fin: la industria los sube ya solo un 3,9%
Las empresas de alimentación han frenado en seco la subida de los precios. El incremento registrado durante el pasado mes de enero fue de tan solo un 3,9%, el más bajo desde hace tres años, en marzo de 2021, según los datos del IPRI, el Índice de Precios Industriales. Aunque los precios se están frenando a costa de los márgenes, la tendencia refleja una línea continua a la baja desde hace meses.
Después de que en octubre de 2022 se alcanzara un récord con un incremento de los precios del 21,2%, las empresas han ido poco a poco estabilizándolos. En julio bajaron por primera vez del 10% y en diciembre, con el cierre del ejercicio, la subida se redujo ya a tan solo un 5,1%. A pesar de la relajación de los precios por parte de la industria, las tensiones en la cadena alimentaria son mayores que nunca.
Los fabricantes no han podido repercutir las subidas de los costes que han sufrido en los últimos años y aspiraban a hacerlo en 2024, pero la distribución, que está viendo un deterioro en los volúmenes de venta y una bajada también de su rentabilidad, no está dispuesta a ello. De momento, eso ha provocado ya que algunas empresas hayan tomado decisiones drásticas, como Carrefour, que ha expulsado a PepsiCo de sus lineales en España, Francia, Italia y Bélgica, o la cadena de supermercados Dia, que ha retirado los productos del grupo mexicano Bimbo, propietario de marcas como Donuts, además del conocido pan de molde.
La economía de la nutrición: ¿análisis de coste-efectividad o análisis de coste-beneficio?
La mayoría de los decisores están de acuerdo en que la política sanitaria debe basarse en la evidencia y que, por tanto, la investigación y la evaluación son esenciales para promover terapias que funcionan y para eliminar aquellas que no. Sin embargo, de cierto modo, los economistas y los médicos son socios incómodos (Epstein, 2021). El lenguaje de los economistas se basa en restricciones, presupuestos, costes, compensaciones y optimización, mientras que los médicos se enfocan en la ciencia y el arte de curar.
La metodología predominante utilizada por los economistas en transporte, medio ambiente y otros sectores para evaluar las políticas es el análisis de coste-beneficio (ACB): la comparación de los costes y beneficios de los proyectos de bienes públicos para decidir si deben emprenderse. Fundamentalmente, los “beneficios” en esta metodología generalmente se estiman desde una perspectiva de economía del bienestar, de modo que todos los costes y beneficios se monetizan. Si bien la economía de la salud todavía era una disciplina incipiente en la década de 1970, los metodólogos comenzaron a resistirse a este enfoque, argumentando que no era ético asignar un valor a la vida humana, o por preocupaciones de que la métrica de «disposición a pagar» discriminaba a las personas con bajos ingresos, o del escepticismo sobre la validez de los métodos, o la capacidad cognitiva de los encuestados para expresar su disposición a pagar por servicios relacionados con la salud. Por lo tanto, se creó el análisis de coste-efectividad (ACE) para llenar este vacío, en el que los beneficios relacionados con la salud se informan utilizando una métrica de salud (como el año de vida ajustado por calidad, AVAC) y los costes se informan en términos monetarios.
El enfoque ACE demostró ser exitoso para evaluar políticas y programas de servicios de salud en los que la mayoría de los costes se incurren dentro del sistema sanitario y la mayoría de los beneficios surgen de las mejoras en la salud de las personas tratadas. Esta “perspectiva del pagador” considera el sistema sanitario (ya sea financiado con impuestos, seguridad social o una aseguradora de salud privada) como una unidad autónoma, dentro de la cual el objetivo general es ofrecer programas que maximicen la salud de los beneficiarios dentro de un presupuesto total fijo. En el marco del ACE, el decisor es la institución que gobierna el sistema sanitario; el papel del “paciente” es pasivo, tanto en el sentido de que el paciente no incurre en los gastos del tratamiento como de que no juega un papel importante en su elección.
Sin embargo, el límite entre lo que se encuentra «dentro» del ACE y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta, y lo que debe dejarse «fuera», siempre ha sido discutido. Esto ha llevado a la idea de la perspectiva de la ACE “social” (Sanders et al., 2016). A menudo, esto se interpreta en el sentido de que los beneficios aparte de la salud para el paciente (como el aumento de la productividad de una mejor salud) o los costes sanitarios no pagados por el sistema de salud (como los gastos financiados por el paciente directamente ‘de su propio bolsillo’) pueden o deben incluirse. Si existen costes o beneficios para las entidades del sector público fuera del servicio sanitario (por ejemplo, una intervención para mejorar las comidas escolares, Mora y López-Valcárcel, 2017), entonces se puede considerar una ACE “multisectorial”(Claxton, Sculpher y Culyer, 2007). Puede haber externalidades positivas. Esto se observa a menudo en los programas de vacunación que tienen como objetivo lograr la inmunidad de grupo. La evaluación de estos impactos requiere una ACE «poblacional» o dinámica que tenga en cuenta la transmisión del patógeno entre individuos o subgrupos (Pitman et al., 2012).
En todos los ejemplos hasta ahora, uno podría posiblemente extender la definición de “costes” y / o “beneficios” y aún preservar la naturaleza esencial de ACE, que es que los beneficios no necesitan ser monetizados. Sin embargo, cuando pasamos a evaluar las intervenciones que tienen como objetivo cambiar el estilo de vida de las personas, la heterogeneidad de los tipos de resultados hace que sea cada vez más difícil defender el marco ACE (Federici et al., 2019).
Para visualizar un ejemplo, consideremos la propuesta de aumento del IVA (impuesto sobre el valor añadido) para el azúcar y bebidas endulzadas artificialmente que se implementará en España a partir de enero de 2021. El Cuadro 1 muestra un inventario de posibles impactos cualitativos para este tipo de políticas (Walker et al., 2019). Además de la salud de los individuos objeto de las políticas y las ganancias de productividad asociadas, podríamos considerar los posibles beneficios externos que surgen dentro de la red del grupo de pares (Christakis y Fowler, 2007). Esta teoría propone que la obesidad es una especie de enfermedad socialmente contagiosa; por ejemplo, si uno de los cónyuges en un matrimonio se vuelve obeso, es más probable que el mismo ocurra en su pareja (ver la animación).
Asimismo, los servicios sanitarios permitirán ahorrar en la prevención de enfermedades asociadas con el consumo excesivo de azúcar, pero también hay una pérdida de utilidad para el consumidor derivada del aumento de precios y los efectos de sustitución, pérdida de excedente del productor y una ganancia para el gobierno en ingresos tributarios. Algunos de estos saldrán netos, pero el impuesto aún puede producir una ‘pérdida de peso muerto’ (deadweight loss, por su equivalente en inglés) general que al menos debería reconocerse, junto con el reconocimiento de los ganadores y perdedores de la política.
Cuadro 1: Inventario de impacto de un aumento del IVA (impuesto sobre el valor añadido) de las bebidas azucaradas del 10% al 21%
| Ejemplos específicos de aumento del impuesto a las bebidas azucaradas | Medición para evaluación económica | ||
| Beneficios netos que se acumulan para el individuo que es el objetivo de la intervención | Beneficios netos para la salud | Evitar enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar | Incidencia, AVAC, etc. |
| Otros beneficios | Productividad | Capital humano | |
| Beneficios netos para otros (externalidades) | Beneficios netos para la salud | Efectos positivos de la red social para una alimentación saludable | Incidencia de enfermedad en la red social |
| Otros beneficios | |||
| Costes o riesgos netos de la intervención pagados por la persona que se beneficia | Gastos sanitarios | Menor gasto privado en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar | Menor gasto privado |
| Otros gastos y costes de oportunidad | Pérdida en la utilidad del consumidor por precios más altos y sustitución por bienes más baratos | Disponibilidad a pagar, MCDA | |
| Costes o riesgos netos de la intervención pagados por otras personas | Gasto público en sanidad | Menor gasto público en sanidad | Menor gasto público en sanidad |
| Otros gastos públicos | Ingresos tributarios | Ingresos tributarios | |
| Gastos de otras entidades | Pérdida del excedente del productor | Beneficios del productor |
Estos impactos sociales son muy difíciles de integrar en el marco de ACE pero (al menos conceptualmente) encajan naturalmente en ACB. El ACE (y sus extensiones) es útil para situaciones específicas (ver Cuadro 2) pero puede verse como un “caso especial”: el ACB parece ser más apropiado en los casos donde los beneficios y costes recaen más ampliamente.
Cuadro 2: Metodologías que podrían aplicarse para evaluar un aumento en el IVA (impuesto sobre el valor añadido) de las bebidas azucaradas del 10% al 21%
| Costes o riesgos netos de la intervención pagados por la persona que se beneficia | Costes pagados por otras personas | |||||
| Gastos privados en salud | Otros gastos | Gastos públicos en salud | Otros sectores públicos | Sector privado | ||
| Beneficios netos que se acumulan para el individuo objeto de la intervención | Salud | ACE (pagador) | ACE (Multi-sectorial) | |||
| Otros | ACE (social) | ACE (Multi-sectorial) | ||||
| Beneficios netos que se acumulan para otras personas | Salud | ACE (poblacional) | ||||
| Otros | ||||||
Finalmente, podemos usar este enfoque para considerar el riesgo moral que a menudo está presente en las intervenciones de salud relacionadas con el estilo de vida. Las políticas preventivas en la población en general, como las campañas de información para mejorar el consumo de frutas y verduras, tienen un coste para el sector público bastante bajo, en términos de publicidad, etiquetado e información, por ejemplo. Sin embargo, la mayor parte del «coste de oportunidad» recae en los consumidores que deben realizar el cambio. Además, las ganancias (en términos de evitar la obesidad personal y otras enfermedades relacionadas con la dieta) beneficiarán al consumidor, pero también beneficiarán en gran medida a los contribuyentes que pagan por los servicios de salud. Esta asimetría de costes y beneficios para el consumidor genera riesgo moral. Tradicionalmente, la ACE considera el problema desde el punto de vista de un único responsable institucional “benévolo”, que pondera metódica y objetivamente los costes y la efectividad en los afectados y dicta la política a seguir por los médicos y los pacientes. Sin embargo, las intervenciones relacionadas con la nutrición y el estilo de vida requieren mucho más compromiso y aceptación por parte del consumidor que los servicios médicos. Se pueden utilizar métodos económicos como experimentos de elección discreta, WTP (Willingness to Pay) y MCDA (Análisis Multicriterio) para estimar el grado probable de participación del consumidor en cualquier política propuesta antes de su implementación.
Fuente: Grafiti de Banksy, Los Ángeles, Estados Unidos
Referencia
Epstein, D. M. Nutrition Economics: celebrating cross-disciplinary collaboration. Value Heal. x, In press (2021).